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La salida de operaciones de la plataforma internacional de intermediación en transporte UBER (que une a usuarios y conductores cobrando una comisión por esa intermediación, con seguridad y control tanto del pasajero como del conductor-, ha causado un impacto económico grande dado su tamaño, cobertura y arraigo en todos los estratos sociales en Colombia, porque es usada tanto en barrios marginales como en zonas exclusivas. La gran mayoría de los damnificados por esa decisión son los millones de usuarios que la usan diariamente, que se verían enfrentados al deficiente servicio de taxis y a su manejo arbitrario y sin control. Pero también son los miles de conductores que prestan este servicio, con un porcentaje alto de mayores de 40 años, que dependen económicamente de lo que produzca con su carro, muchos de ellos profesionales desempleados, algunos pensionados de salario básico, y madres cabeza de familia.
De los más de 88.000 conductores afiliados a la plataforma, el porcentaje de personas mayores de 50 años que encuentra en esta modalidad su único modo de trabajo – y que no son tenidos en cuenta en otro debido a su edad-, es cerca del 20%, es decir, más de 16.000 personas! de lo que se puede deducir que es un recurso laboral importante para este segmento de población, razón por la cual la salida de operaciones de esta plataforma, sería un golpe mortal para su sustento y la estabilidad de sus familias.
Los que han escogido, por diversas causas, esta modalidad de trabajo (que permite determinar de manera autónoma las jornadas y los horarios, ya sea por horas, por días o en la noche) lo hacen llevados por la necesidad de tener un ingreso razonable, además de considerarlo un trabajo respetable y consistente del que se puede vivir dignamente.
Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, acerca del tipo de personas que conducen en UBER y titulado: ¿Quiénes son los conductores que utilizan las plataformas de transporte en América Latina? Perfil de los conductores de Uber en Brasil, Chile, Colombia y México, publicado en septiembre de 2019, muestra unas cifras muy interesantes: por ejemplo, menciona que en Colombia el 71% de sus conductores son profesionales y de éstos cerca del 19% cuentan con posgrados; que el promedio de edad está entre 38 y 40 años, siendo el 19% mayores de 50; sobre sus ingresos, menciona que el promedio en Colombia es de 2’650.000 libres y que se considera satisfecho con su trabajo.
Realidad diferente viven los choferes de taxis quienes no tienen un salario base y a quienes se les exige una cuota mínima alta (generalmente + de $100.000 diarios), después de la cual comienza su ganancia y para cumplir su meta tienen que sobrellevar jornadas extensas de hasta 18 horas, sin prestaciones ni seguridad social, para que al final del día, algunos escasamente se ganen lo correspondiente a un salario mínimo y en muchas ocasiones, menos.
Por otro lado, este sistema permite trabajar sin limitaciones de sexo, condición de género, edad o limitaciones físicas, razón poderosa para muchos que han sido rechazados por estas causas, que han sido despedidos o no son admitidos en trabajos para los que son competentes, por discriminación de diversa índole.
El Estado ha sido incapaz de controlar el servicio público de taxis, en manos de unas pocas empresas que manejan el valor de los “cupos” a su antojo y no ha logrado mejorar las condiciones laborales de sus conductores. Ahora por cuenta de esta nueva y eficaz manera de movilización que ofrecen las nuevas tecnologías a través de estas plataformas, que han permitido que vuelva la confianza de los usuarios en el transporte individual y ha dignificado el trabajo del conductor haciendo que el servicio mejore de una manera evidente, esos empresarios quieren mantener su esquema de servicio (taxímetros, cupos y monopolio) y su explotación laboral, a costa de un servicio superior y la eliminación de su competencia.
Solo hasta ahora en el Senado comienza a cursar una iniciativa que busca la regulación de estas plataformas y del servicio individual de pasajeros, pero los trámites que conlleva este proceso legislativo, más las presiones de los interesados en torpedearla, no permiten vislumbrar una pronta solución. Solo hace falta una decisión política para frenar el gran daño que causaría en más de 88.000 familias en todo el país, la inminente salida de Uber de Colombia. Ojalá prime la sensatez y se legisle hacia la modernidad, pensando en el mejor servicio y no en complacer a unos pocos empresarios explotadores y monopolistas que no quieren que el país avance.
